Desastres naturales y lucro electoral

Isidoro YESCAS

Cuando Oaxaca (fundamentalmente los pueblos del istmo y la zona mixe) supere la etapa de emergencia social y sanitaria que ahora vive por efecto de los devastadores efectos del terremoto del 7 de septiembre, se iniciará otra no menos difícil como será la reconstrucción de viviendas y edificios públicos y religiosos dañados parcial o totalmente. Empezarán entonces la danza de los  cientos de millones de pesos, que lo mismo serán aportados por el gobierno federal que por organismos internacionales, pero administrados por secretarías y demás dependencias federales y estatales. Y con ello los  grandes negocios de funcionarios públicos, legisladores y empresarios de la construcción. Ocurrió con los programas oficiales después de los desastres provocados en 1997 por el huracán Paulina en las costas de Oaxaca y Guerrero y el sismo de 1999 en Puerto Ángel. Y eso mismo podría ocurrir ahora si desde las organizaciones de la sociedad civil y los municipios no se impulsan mecanismos de control y rendición de cuentas del ejercicio de dichos recursos.

FONDEN ya destinó de forma inmediata 5 mil 69 millones ¿Cómo, en qué y quienes van a distribuir estos recursos? ¿Quién regula la apertura de cuentas bancarias de instituciones públicas y privadas, y aún de particulares, para recibir donativos? ¿Rendirán cuentas de lo que reciban y entreguen? ¿Alguna institución u organismo de la sociedad civil cuenta con un padrón de las decenas si no es que cientos de centros de acopio de los cuales se ignora si lo recaudado se destina para los damnificados?

Por lo pronto, ya los diputados federales de todas las fracciones acordaron convocar a dichas organizaciones para estas tareas en tanto que la LXIII legislatura local aprobó un punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos federal y estatal a realizar las gestiones necesarias para eximir del cobro de  impuestos por los servicios que se prestan a la población como luz, agua, predial, etc.

Sin embargo, debemos lamentar que los afanes de lucro económico y político-electoral a costa de las necesidades sociales parecen un mal endémico no solamente en Oaxaca sino en todo México.

De esta manera, si por un lado importantes sectores de oaxaqueños, y mexicanos en general, se han solidarizado sin buscar reflectores o un rédito político, esto no se ha observado con la mayoría de los partidos políticos y un segmento de legisladores, funcionarios públicos de los gobiernos federal y estatal y hasta algunos presidentes municipales, muchos de ellos acompañados de sus esposas que también tienen aspiraciones electorales.

De ahí la urgencia de que el INE, el IEEPCO y la Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) apliquen la legislación electoral, pues ya el proceso electoral federal y estatal está en marcha y por ningún motivo debe permitirse que la imagen de los aspirantes a cargos de elección popular se promueva en forma indebida bajo el pretexto de prestar ayuda humanitaria .

En ese sentido, habría que estar atentos si la apertura de procedimientos sancionadores que el IEEPCO estaría iniciando en contra de quien o quienes resulten responsables de violar el artículo 137 de la Constitución Política local al promocionar su imagen entre la población damnificada, se traducirá en la aplicación de sanciones, o solo se trata de un ardid publicitario para salir al paso de la andanada de críticas externadas en redes sociales por la sobrexposición mediática de algunos legisladores locales del PRI y PRD y algunos funcionarios públicos federales y estatales con aspiraciones electorales.

En todo caso, bien haría el presidente del IEEPCO, Gustavo Meixueiro, y los consejeros electorales del  IEEPCO, en abandonar su negligencia y pasar revista a todos sus pendientes, ya rebasados en términos de la legislación electoral, porque su papel no debe reducirse solamente a responder a contingencias político-electorales, sino, de manera urgente, en normalizar la integración y funcionamiento de la Junta General Ejecutiva; resolver el registro de solicitudes de registro de partidos locales y, en ese mismo punto, aclarar, en lo que le corresponda, el contenido de una nota publicada el 13 de septiembre en El Universal en donde se acusa a la asociación civil Lexie, que busca su registro como Partido de Mujeres Revolucionarias de Oaxaca, de estar vinculada a una familia de presuntos narcotraficantes.

Si ya Oaxaca padece y lucha para sobreponerse a los desastres naturales (huracanes, inundaciones y el terremoto del 7 de septiembre) habría que evitar que los desastres políticos provocados por la incompetencia, improvisación y corrupción oficial, reduzcan aún más la credibilidad en las instituciones, y sobre todo en los órganos electorales, cuya autonomía e independencia a cada rato se pone en entredicho, ya por presiones externas o por complicidades y arreglos bajo la mesa con caciques regionales, gobernadores y dirigentes partidistas.

@YescasIsidoro

Septiembre 15 del 2017.